El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) dijo este miércoles que existe una trama para desprestigiar esa institución desde la Junta Central Electoral (JCE), donde pretenden presentarlos como una red de delincuentes.
Afirma que la actitud en su contra asumida por la JCE obedece a un recurso de dilación y distracción, encaminado a desincentivar y atemorizar a la ciudadanía para reducir su nómina de observadores. Agrega que los argumentos expuestos por el tribunal de comicios sobre supuestos antecedentes penales de 180 personas sometidas como observadores, carecen de evidencias, y que fue elaborado para difamar a PC, presentándola como una red de delincuentes.
“Rechazamos este propósito enérgicamente y exigimos el respeto que merece una institución que tiene 19 años promoviendo la democracia. Expresamos nuestra sorpresa por esos extremos y no logramos entender por qué se ha puesto tanto empeño en desacreditar nuestra institución y nuestra observación”, subraya.
Alega que el listado que presenta la JCE es “inconsistente” y está plagada de errores y omisiones culposas que desacreditan la investigación llevada a cabo por el organismo.
PC reconoció la existencia de dos personas objetables que figuran como delegada y suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación, Barahona, y Cristóbal, provincia Independencia.
Se queja de que el organismo electoral omite decir que en su primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17 ciudadanos por considerarlos vinculados a partidos políticos.De esos, 6 eran de la UDC, 4 de Dominicanos por el Cambio, 2 del MIUCA y los cinco restantes del PLD, PRD, PRSC, PDI y PVUD.
Apunta que se trata de una pequeña cantidad, por demás insubstancial, y que se trata de ciudadanos que en muchas ocasiones sólo han figurado en elecciones anteriores como candidatos a regidores y vocales de pequeños municipios y distritos municipales de diversas regiones, los cuales conservan intactos su derecho a observar las presentes elecciones.
Cuestiona que la JCE no identifica los casos citados de antecedentes penales “de recientes sometimientos a la justicia” de algunos observadores, y que por lo demás, viola el principio de inocencia constitucionalmente consagrado.
“Las varias personas que cumplen sentencia en cárceles de Higüey y Cotuí debieron igualmente haber sido identificadas por la JCE. Resulta insólito que la JCE pretenda que Participación Ciudadana fue a las cárceles a reclutar y a dar entrenamiento a observadores”, precisa Participación Ciudadana.
De igual manera, sostiene que la entidad organizadora de las elecciones omite mencionar por su nombre la persona que dice no haber firmado el formulario de solicitud, señalando que para PC es de interés que se divulgue su identidad para descartar la información recibida de que la misma trabaja en la propia JCE.
Estimó preocupante que dentro de esas “inconsistencias” se haga figurar el hecho de que existe un llamado “Sistema de Investigación Criminal” que crea fichas desconocidas para la ciudadanía, que pueden inhabilitarla para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, en violación a sus derechos fundamentales.
PC explica que la metodología de reclutamiento se ha fundamentado en la confianza en la ciudadanía, y que el proceso consiste en que los observadores llenan un formulario cuyos datos verifican, de manera principal, que se trata de voluntarios cuyos derechos ciudadanos están hábiles y por esa razón figuran en el padrón electoral.
“Confiamos en el padrón electoral para depurar a nuestros voluntarios, de la misma manera que la JCE confía en ese instrumento para determinar quién está hábil para votar. PC no cuenta con organismos de seguridad que recurren a antecedentes criminales no validados por tribunales o crean fichas en un llamado Sistema de Investigación Criminal cuya legitimidad la ciudadanía desconoce”, puntualiza.
Aclara que no critican que la JCE investigue a los observadores, pero exigen que lo haga de forma institucional, apegada a La Constitución, y sobre todo de forma transparente, publicando los nombres, identificando las condiciones que utiliza para inhabilitar a cada uno, y señalando los textos legales que establecen esas inhabilitaciones.
Se queja de que la JCE ha sometido a PC a un proceso discriminatorio, con requerimientos especialmente diseñados para ella, tales como la toma de datos biométricos y una obligación presencial innecesaria.
“Finalmente, PC deja constancia de su férrea voluntad de cumplir con el derecho y el deber ineludible de observar las próximas elecciones con la pulcritud y honorabilidad ciudadana que nos ha ganado prestigio nacional e internacional. Llamamos a toda la ciudadanía, a las diversas organizaciones sociales, políticas y religiosas a defender la observación electoral como un derecho ciudadano adquirido y reconocido en todas las naciones democráticas”, concluye el amplio documento leído en rueda de prensa.
Fuente: elnuevodiario.com.do
